A María la demandó el vecino para obligarla a talar un árbol (y por lo tanto varios que lo rodean) en el terreno de ella. Y él ganó el juicio.
Siempre que contamos esta historia la gente dice «Qué? ¿cómo? si es el terreno de ella ¡no pueden obligarla!» Pero así es: en el terreno de ella, en Villa la Angostura, Neuquén, Patagonia Argentina, la están obligando a cortar sus propios árboles aunque peligre su casa.
Y resulta que, consultando con especialistas en la defensa de los árboles, no es tan raro porque la justicia se «equivoca» con frecuencia.
Por eso estamos tratando de darle difusión a este caso, a ver si entre todos levantamos la voz, logremos visibilizar estos «errores» judiciales, y quién sabe si no llega a oídos sensibles si logramos salvar los árboles de María y empezar a generar consciencia sobre los bosques nativos de su pueblo, de la Patagonia, del continente entero!
Hay mucho más que contar en este caso (como en otros) donde la justicia no detiene a los que talan sin permiso en lugares donde está prohibido (como hizo el vecino) y obliga a talar a los que quieren cuidar el bosque.
En su terreno María, desde hace casi 15 años, ha cuidado de conservar toda la flora y fauna nativa (coihues centenarios de gran tamaño, numerosos cipreses, radales, maitenes y arrayanes) todas especies protegidas por la Ley de Bosques 26.331.
El vecino llegó a mediados de 2019 y a penas compró el terreno colindante, mandó talar todos los árboles. No tenía permiso para esta tala, sólo presentó una planilla de “pedido de marcación” de 11 ejemplares y esa planilla ni siquiera es la autorización de esos 11. Y en 4000 metros cuadrados no dejó un solo árbol.
Evidentemente los árboles no saben de linderos humanos y algunos de esos árboles talados estaban conectados bajo tierra con los de María. A los pocos días del paso de las motosierras, empezaron a mostrar señales de las pérdidas. En particular uno de sus grandes coihues, de 45 m de altura y casi metro y medio de diámetro de tronco, a 17 metros de la línea divisoria se empezó a secar.
Entonces el vecino pidió que María lo tirara porque era “una amenaza” para él. Ella se negó, con la esperanza que se recuperara el árbol y hubo amenazas, incendios intencionales, intentos de mediaciones… hasta que el vecino le hizo la demanda judicial “invocando un riesgo que él mismo provocó según informes periciales que se encuentran en el expediente”. Además (pequeño detalle) tirar ese árbol significaría por un lado la pérdida de muchos otros árboles cercanos por lo tupido del bosque y (casi nada) poner en riesgo la casa misma de María, que está a unos metros del coihue.
Ese juicio, incomprensiblemente, lo ganó el vecino. A pesar de los informes periciales, en noviembre de 2022, el Juez Bonorino dictaminó voltear “ los árboles” de la propiedad de María y que ella debía hacerse cargo de todos los honorarios y costos, sin especificar ni cuales ni cuántos árboles.
María, indignada, decidió apelar pero al no tener fondos para un abogado particular, optó por una defensa del Patrocinio Oficial (o sea del servicio del gobierno). El 22 de febrero (2023) firmó la apelación en tiempo y forma, confiando en que sería presentada en la Cámara de San Martín de los Andes.
El 20 de abril (2023) la abogada del Patrocinio Oficial le avisa a María que perdió el derecho a la apelación, por “un error de 1 día tarde” en la presentación que ella debió hacer, por lo tanto la sentencia de noviembre 2022 quedó firme y tiene un plazo de 30 días a realizar el apeo.
¿Irregularidades?
- El vecino tala todo su terreno sin permiso alguno
- Tampoco presentó los planos de sus obras, causa que invocaba, hasta 2 años después, después de que la sentencia ya fuera emitida. ¿Será casualidad que dichos planos figuran a nombre de su apoderada, la esposa del entonces Director de Obras Públicas de Villa La Angostura, que siendo funcionario, no podría autorizar obras particulares?
- ¿Cómo es posible que la apelación no se haya incorporado al expediente? ¿Cómo puede una abogada oficial cometer semejante atraso?
Todos estos y otros “detalles e irregularidades” , hacen que los que defendemos los derechos de María y los árboles nos sintamos impotentes ante la Justicia local, que evidentemente beneficia a un infractor y se presta a un negocio inmobiliario poco escrupuloso.
No tienen en cuenta los derechos:
- el derecho de María (y de todos los vecinos!) a un ambiente sano
- violan el art. 41 de La Constitución Nacional
- la Ley 22.351 de Parques Nacionales
- el Acuerdo Escasú Ley 27.566
- la Ley de Bosques 26.331
La sentencia obliga a María a cometer un delito en contra de sus propios árboles vivos y sanos, en violación de la Ley de Bosques, y en contra de su patrimonio edilicio, la casa en la que vive, a la sombra de los árboles sentenciados.
Solo falta agregar que este tipo de talas totales de los predios es algo muy común en el barrio Calfuco y toda la ciudad de Villa La Angostura, produciendo el deterioro y discontinuidad absoluta del bosque nativo, con el discurso que las normativas municipales permiten las construcciones dentro del ejido. «Hecha la Ley, hecha la trampa»: el negocio inmobiliario crece a costa del famoso “por las dudas, los sacamos”. No hay fiscalización de nada.
Tu nos puedes ayudar
Tenemos la esperanza que una réplica amplia en redes haga que las autoridades más altas sientan la necesidad de intervenir en esta situación, y tomen acciones en pro del bosque nativo que es su función preservar. Además un fallo para “salvar” los ejemplares que se encuentran en el terreno de María sería un fallo ejemplar a favor de los árboles en Villa La Angostura, un primer paso para despertar a los ciudadanos. ¿Para qué buscan construir en un lugar como Villa La Angostura si no es para vivir dentro y cerca del bosque? Es hora de ponerles el alto a los inversores y especuladores inmobiliarios, y recordar por qué se escribieron las leyes de protección de bosques: para poder conservar nuestra flora y fauna nativas.
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